En México, más de 9 millones de mujeres ha enfrentado algún tipo de agresión a través de las tecnologías. La violencia a la que están expuestas las mujeres en Internet se ha visto potencialmente incrementada con noticias falsas, impulsadas a través de redes sociales.
De acuerdo con la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), las mujeres jóvenes entre 18 y 30 años son las más atacadas en los espacios digitales, siendo la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y el acceso no autorizado a cuentas personales, las formas de violencia más comunes. Cabe señalar que el 40% de estas agresiones son cometidas por personas conocidas, mientras el 30% lo hacen desconocidos, que cobardemente se esconden bajo perfiles falsos.
En el terreno de la política el escenario no se vislumbra alentador. Tan solo en el proceso electoral pasado se tiene registro de ciberacoso con 85 agresiones a 62 candidatas, en 24 estados de la República, según cifras recabadas por la iniciativa ‘Libres en línea’, la cual tiene como finalidad hacer visibles los efectos de este tipo de violencia, que son reales, se sienten en el cuerpo, en el ánimo y en las libertades de las mujeres.
En noviembre del año pasado se aprobó en la Cámara de Diputados la “Ley Olimpia”, un dictamen que incorpora el concepto de “violencia digital” a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el cual se entiende como cualquier acto de acoso, hostigamiento, amenazas, difusión de información falsa o cualquier otra acción cometida a través de las tecnologías de la información que atente en contra de la integridad, dignidad o vulnere algún derecho humano de las mexicanas.
Así mismo, en el Congreso Federal se encuentra discutiéndose una reforma para establecer el tipo penal de violencia política de género, con la intención de proteger el ejercicio de los derechos de las mujeres que se desempeñan en la política. Con esta reforma se prevé imponer una multa de hasta 400 días de salario mínimo y prisión de hasta tres años para aquel que, por razones de género, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, candidatas o servidoras públicas en función.
Además, se estableció que en caso de que un servidor público sea el que emita propaganda política en contra de la mujer o difunda noticias falsas a través de medios de comunicación, la pena podría duplicarse y éste sería destituido o inhabilitado de su cargo.
A pesar de los esfuerzos de colectivos feministas por frenar la violencia de género, incluso desde el Poder Legislativo, han sido diversos los casos de violencia contra mujeres en particular del ámbito de la política en los medios digitales.
Hace apenas un día después de las marchas de mujeres del domingo 8 de marzo, en el estado de Oaxaca se dio un ejemplo de violencia digital en contra de la ex diputada federal Mariana Benítez Tiburcio, quien como integrante de colectivos de feministas se había sumado en forma activa a las protestas del #8M para denunciar la violencia de género, en el marco del Día Internacional de la Mujer. En algunas páginas de Facebook que comparten información de forma anónima se circularon masivamente ataques contra la abogada oaxaqueña con información que ella misma calificó de falsa. Se trata de cuentas de Facebook, Twitter y portales digitales dedicadas a difundir información falsa sin ningún tipo de restricción ni control.
A través de su cuenta de Facebook, Benítez acusó que diversas cuentas en Facebook, y Twitter difundieron el 9 de marzo, noticias falsas para violentarla políticamente, usando un caso como el de María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido para atacarla a ella y a otras oaxaqueñas.
La violencia digital y la violencia política son conductas que forman parte del fenómeno de violencia contra las mujeres recrudecido en los últimos años. Grupos de feministas y expertas han dicho que estos fenómenos deben analizarse en el marco de un gran debate que debe darse en el país para combatir las agresiones de mujeres que hoy por hoy tiene su expresión más brutal en los asesinatos de mujeres que ascienden a 10 por día en nuestro país.
